El Colegio de Martilleros se expidió ante el proyecto que modifica la Ley de Martilleros y el régimen de alquileres: “Otra vez alteran el mercado inmobiliario”
Como se sabe en el Senado provincial está en estudio un proyecto de Ley impulsado por el Senador del Frente de Todos Francisco Durañona, que busca modificar la Ley de Martilleros y Corredores públicos (Ley 10973). De aprobarse, los honorarios profesionales de los nuevos contratos, tendrán que ser afrontadas por los propietarios en lugar de los inquilinos.
En este sentido las entidades que agrupan los martilleros salieron al cruce de la iniciativa y consideraron que de aprobarse “se estaría nuevamente tratando de apagar un incendio con nafta, esto no soluciona el problema de los alquileres, los agrava”, señaló el presidente del Colegio de Martilleros Departamento Judicial La Plata, Aníbal Fortuna.
El colegiado coincidió con el Dictamen de minoría que se dio a conocer por parte de la oposición, en donde se argumentó que “su implementación podría llevar al efecto contrario, con una contracción de la oferta inmobiliaria y un aumento del déficit habitacional. La combinación de alta demanda y baja oferta inmobiliaria podría llevar a mayores precios en general en el mediano plazo, tornando el alquiler de una vivienda aún más inaccesible, aumentando el déficit habitacional y provocando más penurias a los bonaerenses, agravando su situación y profundizando el malestar social”
“Los argumentos oficiales señalan que se pretende defender un derecho fundamental, como lo es el acceso a la vivienda, pero en la práctica, tal como sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no dio ningún tipo de resultados y lo único que se logró fue trasladar los costos del alquiler al locatario. En algunos casos el Gobierno porteño, instrumentó una línea de créditos del Banco Ciudad, para pagar costos de ingreso y renovación de contratos, que para el trabajador medio es imposible de solventar. La experiencia en CABA dice que en el primer semestre luego de aprobada la Ley 5859/18, la oferta de alquileres de departamentos bajó un 15%, y si bien esos índices se fueron recuperando a niveles normales, la oferta no creció desde entonces”.
Fortuna advirtió sobre otro punto que no se está teniendo en cuenta: “como se está queriendo aplicar beneficia a los que alquilan en barrios privados o con nivel más alto de ingresos, postergando al de menor ingreso de sueldo” afirmó.
“En nuestro rubro, venimos de otras experiencias legislativas que lo único que hacen es profundizar la incertidumbre y tiende a que los propietarios encuentren alternativas para salir de los corset que se imponen. Cuando la Ley Lipovetzky 27551, instrumentó el plazo de 3 años para los alquileres, los propietarios encontraron la figura de los alquileres temporarios para escapar a una traba que impide ajustar los alquileres en función de la inflación. Los locadores venían a nuestro Colegio a pedir asesoramiento para alquilar como máximo 2 años, pero no pudimos dar respuestas porque todos los martilleros nos tuvimos que ajustar a la normativa vigente” señaló Fortuna que agregó: “Queremos que se derogue la 27.551, volver a la anterior e integrar a todas las partes para consensuar una nueva”.
El dirigente señaló que tanto el Colegio de La Plata como de las demás departamentales se manifestaron en contra del Proyecto y están trabajando a diario con los legisladores oficialistas y opositores para advertirles de lo adverso y mal articulado que está el Proyecto de Ley, que agravará la situación que se quiere combatir que es la falta de viviendas para alquilar. “Vuelven otra vez a querer alterar la Ley Profesional de los Martilleros y no lo podemos permitir. El acceso a la vivienda está consagrado en la Constitución como un derecho fundamental, pero de ponerse en práctica esta Ley llevará al efecto contrario, con una contracción de la oferta inmobiliaria y un aumento del déficit habitacional” finalizó Fortuna
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